Lo impulsan los colegios de Arquitectos, Ingenieros y Técnicos. La ordenanza plantea la generación del "Fondo para la Gestión Democrática de la Ciudad" con el 1% de la tasa vial.
Los colegios de Arquitectos, Ingenieros y Técnicos presentaron en el Concejo Deliberante un anteproyecto de ordenanza para crear el Consejo Local de Hábitat, que actuaría como órgano de consulta, asesoramiento y control de gestión en políticas de planeamiento urbano, servicios públicos, infraestructura y vivienda.
El texto está basado en una reforma al proyecto elaborado en 2017 por el Frente de Derecho al Hábitat y la Ciudad, con el apoyo del Consejo Provincial de Hábitat, que fue suscripto por 80 organizaciones de la sociedad civil vinculadas al hábitat y la vivienda, como colegios profesionales, organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos y centros de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Diego Domingorena (Arquitectos), Diego Haag (Técnicos) y Martín Ávila (Ingenieros) dejaron este jueves la iniciativa en el Concejo Deliberante.
El objetivo es “promover la gestión democrática de la ciudad como principio rector de las políticas urbanas y habitacionales que se adopten o implementen en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon”.
Entienden por “gestión democrática de la ciudad” al proceso de toma de decisiones “que asegure
la participación activa, protagónica, deliberante y autogestionada de la comunidad en general y, en
particular, de las personas afectadas en su derecho a la vivienda y de las organizaciones sociales que promueven el derecho al hábitat y la vivienda”.
Martín Avila (Ingenieros), Diego Domingorena (Arquitectos) y Diego Haag (Técnicos), este jueves en la mesa de entradas del Concejo Deliberante.
El Consejo Local de Hábitat estaría integrado por siete representantes del Ejecutivo (Secretaría de Planeamiento Urbano, Hacienda, Emsur, Emvial, OSSE, Emturyc y Desarrollo Social), dos del Concejo Deliberante (uno por la mayoría y otro por la primera minoría) y uno de la defensoría del Pueblo. También participarían las universidades con asiento en la ciudad, las centrales obreras, las sociedades de fomento, organizaciones sociales, colegios profesionales, la Pastoral Social y las cámaras inmobiliarias o de la construcción. La presidencia la ocuparía un funcionario con rango de secretario designado por el Ejecutivo.
Las funciones del Consejo serían promover, asesorar o asistir al Departamento Ejecutivo “en lo relativo al diseño, formulación, implementación y evaluación de las políticas, programas y proyectos en materia de planeamiento urbano, servicios públicos, infraestructura, hábitat y vivienda”.
También “efectuar recomendaciones” en relación con el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 8 de la Ley Provincial 14449, de Acceso Justo al Hábitat; “monitorear la ejecución presupuestaria de los recursos afectados” y promover la implementación de planes para la urbanización de villas y asentamientos.
De prosperar tal cual está redactada, la normativa crearía el “Fondo para la Gestión Democrática de la Ciudad”, que se conformaría con el 1% de lo recaudado en concepto de tasa por Conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal, más conocida como tasa vial.